Experto FAO: Bioenergía debe respetar seguridad alimentaria y biodiversidad

No a minería

Ambientalistas de fiesta

Causa del conflicto con Nicaragua

Alcaldes de 138 ciudades firman acuerdo climático para reducir emisiones

Costa Rica: El derecho a vivir en paz

Vamos a defender nuestro derecho a vivir en paz

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Costa Rica El derecho a vivir en paz

Cómo reproducir las plantas por hijos

Tormenta tropical Richard amenaza con convertirse en huracán

Basura se volvió un componente más en el paisaje tico

"Karl", "Igor" y "Julia" avanzan por el océano Atlántico

Mares ticos sufren por contaminación con plástico

150 casas dañadas por lluvias

Este lunes se decreto alerta en el país por fuerte invierno

LA VOZ DEL PUEBLO EN COSTA RICA

INUNDACIONES HEREDIA

Vuelta al mundo en avión solar

Sala IV frena cementera en San Rafael de Alajuela junio 2010.wmv

Estiman que derrame tiene el doble de magnitud prevista Entre 156 y 378 millones de litros han afectado el ecosistema

- Cifras nuevas sobre el derrame de millones de litros de crudo en el Golfo de México muestran que la cantidad de petróleo que se ha escapado de un pozo submarino fuera de control podría ser hasta el doble de lo que se creía y que es probable que el hidrocarburo viaje más lejos de lo estimado, amenazando más aves, peces y otra fauna, dijeron científicos. 

Los nuevos datos indican que entre 156 y 378 millones de litros (entre 42 y 100 millones de galones) de petróleo han perjudicado los delicados ecosistemas del Golfo de México, afectando a las personas que viven, trabajan y disfrutan de la costa, desde Louisiana a Florida, e incluso más allá, dijo AP. 

Más petróleo significa que la gigantesca mancha espesa podría extenderse por una distancia mayor de la prevista inicialmente, lo que provocaría consecuencias mucho más graves para el ambiente, afirmó Paul Montagna, biólogo marino de la Universidad de Texas A&M en Corpus Christi. 

"Duplicar la cantidad de petróleo no tiene un efecto lineal, no duplica las consecuencias, sino que puede tener el cuádruple de consecuencias'', aseguró Montagna, quien estudia las profundidades del Golfo de México y otros ecosistemas. Las nuevas estimaciones de derrame difundidas el jueves son peores que las previas y podrían representar más costos para la empresa BP. 

Minería contaminante ¿sabes lo que es? por actores famosos

IRIRIA NIÑA TIERRA

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Yo no puedo cargar esta cruz

Costarricenses marcharán contra explotación de mina de oro

Defensores del medioambiente convocaron para el jueves próximo a una marcha en esta capital, en rechazo al fallo judicial que dio luz verde a la explotación de una mina de oro en el norte de Costa Rica.

  Este fin de semana, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acordó por cinco votos contra dos echar a andar el proyecto, a pesar de las quejas por los daños que ocasionará al entorno.

Luis Diego Marín, de la Asociación Preserve Planet, calificó la decisión de irresponsable y recordó que la mina contaminará las aguas, afectará al árbol almendro amarillo y la lapa verde, ave en peligro de extinción.

Con la explotación del yacimiento a cielo abierto "Las Crucitas", ubicado a sólo cinco kilómetros de la frontera con Nicaragua, se pretende extraer en una década 700 mil onzas de oro, valoradas en unos 800 millones de dólares.

El jefe de Estado de Costa Rica, Oscar Arias, expresó su complacencia por la resolución del tribunal y dijo que "las sentencias se acatan y se respetan, y no se cuestionan".

Sin embargo, la presidenta de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente, Heidy Murillo, advirtió que la lucha legal no está agotada, porque también existe un proceso penal abierto.

Murillo anunció para el venidero 22 de abril una manifestación en esta capital contra la decisión de la corte de autorizar el proyecto minero de la empresa Industrias Infinito, cuya casa matriz está en Canadá.

En la marcha participarán representantes de organizaciones ambientalistas, dirigentes políticos y pobladores afectados por la explotación irracional de los recursos naturales.

"El fallo de la Corte es un durísimo golpe para quienes protegen el entorno", declaró Roberto Molina, del sindicato de trabajadores del Ministerio del Ambiente y Energía.

OSCAR ARIAS DESAPARECE REFUGIO SILVESTRE Y REDUCE ZONA PROTECTORA Arias desaparece Refugio Silvestre

El Gobierno del presidente Oscar Arias le ha dado mayor importancia al desarrollo inmobiliario, y para ello eliminó, por decreto, un Refugio de Vida Silvestre Privado donde habita Laura Chinchilla y redujo el área de la Zona Protectora El Chayote, en Naranjo de Alajuela. 

Junto con su ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), Jorge Rodríguez, el mandatario, promotor de “Paz con la Naturaleza”, derogó la condición de Refugio Silvestre que tenía una parte del proyecto inmobiliario Villa Real (más de 15 hectáreas). 

Dicha área protegida, de carácter privado, estaba provocando serios problemas a muchos condóminos que tienen fincas filiales para construir, lo que impedía ampliaciones al desarrollo, que ha generado una mayor plusvalía en el cantón de Santa Ana. 

En el Eco Condominio Villa Real reside, en una mansión, la candidata a la Presidencia de la República por el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), Laura Chinchilla. 

Igualmente, en Naranjo, Alajuela, Arias Sánchez junto con su primo, el ex ministro del MINAET, Roberto Dobles, disminuyó el territorio de la Zona Protectora El Chayote, para permitir el desarrollo agropecuario, pero una vez publicado el Decreto, una empresa presentó una solicitud para tratar de construir un proyecto inmobiliario con el fin de levantar quintas de recreo. 

El proyecto inmobiliario está paralizado por oposición de vecinos y por la Federación de Acueductos Rurales de la Zona Protectora El Chayote. 

Ambientalistas de Naranjo, junto con regidores y regidoras del Partido Acción Ciudadana (PAC), han denunciado que las autoridades del MINAET, tras la publicación del decreto, sostienen que el sitio donde nace el rio Colorado, tributario del Tárcoles, es según los desarrolladores una quebrada intermitente. El río Colorado discurre bajo el puente Rafael Iglesias, en la carretera Bernardo Soto. 

De acuerdo con versiones oficiales de la Municipalidad de Naranjo, la disminución del área de la Zona Protectora se hizo con el fin de beneficiar a socios de un ex diputado liberacionista, quien dirigió en la región de occidente la campaña a favor del Tratado de Libre Comercio (TLC), con los Estados Unidos. 

Los siguientes son los decretos ejecutivos, firmados por el presidente Oscar Arias: www.elpais.cr

Graves desaciertos ambientales de la administración Arias 2006-2010

El período 2006 – 2010 de la administración Oscar Arias Sánchez será recordado como un período de polarización de la sociedad, incluyendo el tema ambiental. Con una contundente línea seguida desde sus inicios: el beneficio para una minoría en detrimento de una mayoría. El discurso ambiental, en foros mundiales, basándose en una larga trayectoria del país y su histórico compromiso con el ambiente, no tuvo ninguna consistencia a lo interno del país, provocando un profundo retroceso y generando daños posiblemente irreversibles que pagarán no solo las generaciones actuales, sino también las futuras.

Como parte de este triste legado, y para que no lo olvidemos, el Grupo Llamado Urgente por el País y otras entidades acuden ante la opinión pública para mencionar algunos de los elementos más representativos de los yerros que nos lega esta administración

La expansión de los cultivos de piña: resulta sorprendente que se pasará en estos cuatro años de 15.000 (2004 – 2005), a más de 54.000 hectáreas de plantaciones de piña (datos del MAG), y posiblemente la cifra sea mucho mayor si se actualizara el censo agropecuario. Este crecimiento se ha vendido como beneficioso al país, debido al  incremento de puestos de trabajo y desarrollo. Sin embargo, en las zonas piñeras la realidad muestra lo contrario: la tenencia de la tierra lo mismo que la  riqueza producida se concentra en pocas manos, mientras que daños ambientales, enfermedades y plagas de mosca se socializan. Desde julio del 2007, en Siquirres, más de 6000 personas toman agua de cisternas a un costo de US$ 27.000 dólares mensuales, sufragados por el AyA sin que ninguna demanda se haya presentado por las instituciones para hacer valer el principio "el que contamina paga" contra las empresas responsables de contaminar los acuíferos  con bromacil y otras sustancias tóxicas. Mientras el gobierno publicita su campaña de siembras masivas de árboles (que en su mayoría se limitan a árboles de especies exóticas plantados en monocultivos por empresas madereras) las fotografías aéreas  de la expansión piñera constatan como se han eliminado masivamente zonas boscosas aún en zonas de protección de ríos. Además de esto, la actividad por falta de buenas prácticas ambientales, ha generado contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas y otros impactos ambientales por erosión y producción de residuos sólidos. Sitios como Caño Negro se desangran en la mayor impunidad.

Minería: el decreto de moratoria a la minería metálica del año 2002 emitido por la administración Pacheco tenía una justificación: Costa Rica estaba siendo “inundada” por solicitudes de empresas mineras que explotarían los recursos mineros del país sin contar éste, con los recursos legales,  técnicos y ambientales para atender esta problemática. A pesar de que se avanzó poco para corregir esa situación, la administración Arias en el año 2008 levantó de manera inconsulta esa moratoria y abrió una “caja de pandora minera” (la cual en los últimos meses de administración, y después de que el 90 % de la población se opone a la minería, se ha pretendido cerrar a escasos días de las elecciones de Febrero del 2010, pero sin elaborar un Decreto Ejecutivo al respecto). No obstante, dentro de ese periodo de apertura se le dio una cuestionada viabilidad ambiental al cambio de diseño del proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas, y una no menos cuestionada Declaratoria de Conveniencia Nacional, con la que la minera canadiense, en dos días, arrasó con más de medio centenar de hectáreas de bosque en San Carlos. Hoy este proyecto minero, el más grande de América Central, está detenido gracias a 18 recursos de amparo interpuestos por organizaciones sociales y ambientales del país. El debate técnico y legal durante la vista celebrada ante la Sala Constitucional en noviembre del 2009, el más intenso en toda la historia de la Sala aclaró las consecuencias que puede tener para el país y su futuro esa decisión. El país se enfrenta a una coyuntura histórica: de otorgarse este permiso, se provocaría uno o varios “enjambres mineros” difíciles de detener debido a las responsabilidades adquiridas mediante los TLC.

Decreto Chorotega y el desarrollo inmobiliario costero: a casi dos años de administración de gobierno, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 34456 – MP – MIVAH – TUR – MINAE - COM, con el que se “regulaba” del desarrollo inmobiliario en una franja de cuatro kilómetros costeros de Guanacaste y de  la región de Cóbano, Paquera y Lepanto.  El decreto se “justificaba” para emitir regulación en ausencia de planes reguladores y para evitar las construcciones de altura en los 200 metros de la zona marítimo terrestre. No obstante, permite construcciones de hasta cuatro pisos en esta zona, y de hasta nueve pisos en una franja de terreno entre uno y cuatro kilómetros de la playa. Sin ningún criterio ambiental, se establecieron para urbanización, densidades de población de hasta 90 mil personas por kilómetro cuadrado. Todo esto, a costa de la afectación de bosques, de manglares, de áreas de protección, de zonas de recarga acuífera y peor aún, sin garantizar los servicios básicos como agua o recolección de residuos. Dichosamente se dió la crisis inmobiliaria en Estados Unidos que frenó la inversión inmobiliaria, evitando que se promulgara otra Decreto similar para Puntarenas. No obstante, el peligro está latente y la intención del decreto no la borrará la historia.

El agua y Sardinal: durante estos cuatro años la urgente Ley de Recursos Hídricos quedó a la espera de su aprobación. No era prioridad para el gobierno. No obstante, se tomaron decisiones  desacertadas que ahora requieren de acciones correctivas urgentes. El caso de Sardinal es elocuente: de una forma inconsulta, impositiva y sin los estudios técnicos respectivos, se tomó la decisión de extraer el agua subterránea del acuífero que se encuentra en  el valle aluvial donde se asienta la comunidad de Sardinal, para abastecer los desarrollos inmobiliarios costeros del sector de Playa Hermosa y Playas del Coco del cantón de Carrillo. Un claro ejemplo de la ausencia de planificación y ordenamiento territorial y de los recursos naturales. El gobierno, después de invertir y de iniciar la construcción del acueducto, y buscar justificaciones técnicas presionando a ciertas instituciones como el SENARA y el Departamento de Aguas, tuvo que detener obras por orden de la Sala Constitucional. Hoy, esas obras se pueden observar como un vivo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en este país. La inauguración en septiembre del 2009 del Hotel Riu en Playa Matapalo, con sus 701 habitaciones en una zona semiárida y poco generosa en agua para las comunidades, probablemente exacerbe aún más los ánimos. 

Baulas y áreas protegidas: esta administración ha intentado abrir al desarrollo inmobiliario el sector de Playa Grande, que colinda con el Parque Nacional Marino Las Baulas, donde se encuentra uno de los sitios más importantes del planeta de anidación de estas grandes tortugas marinas. Los medios para lograr este objeto han sido varios, siendo uno de ellos la intención de promulgar una ley para bajar de categoría el Parque Nacional a Refugio de Vida Silvestre, so pretexto de que no hay recursos para pagar las expropiaciones. Ignorando la posición técnica y legal de diferentes instancias, se ha mantenido la línea de degradar el parque nacional a favor de un desarrollo inmobiliario localizado en su zona de amortiguamiento y calificada desde el punto de vista hidrogeológico  como de vulnerabilidad extrema.  Las tácticas de engaño a la opinión pública y expuestas recientemente por el ministro Jorge Rodríguez van dirigidas hacia hacer creer que “son cientos de familias que viven en áreas protegidas” y que “éstas fueron creadas en poblaciones previamente establecidas y son parte de ese equilibrio ambiental, social y económico, que busca la sostenibilidad” por lo cual “su desalojo generará problemas sociales importantes”. El caso Baulas con categoría de Parque Nacional no es parte de esta discusión. A esta intención se han unido, una serie de decretos ejecutivos emitidos durante esta administración para disminuir o derogar diversas áreas protegidas. La administración Arias es la primera en muchos años en no crear un nuevo parque nacional, lo que evidencia el “olvido” de los compromisos firmados en el Convenio de Diversidad Biológica y ante el mundo donde se deben crear nuevas áreas protegidas y fortalecer el sistema nacional para resguardar la biodiversidad que se encuentra en peligro crítico.  En el tema de las áreas protegidas marinas, este gobierno también ha quedado debiendo. El problema del aleteo del tiburón ha sido irresponsablemente ignorado.

Competitividad y SETENA: una de las funciones principales del Ministro (sin cartera) de la Competitividad, fue el “reforzamiento y modernización” de la SETENA, entidad encargada de dar la viabilidad ambiental a los nuevos proyectos de inversión, por medio de un instrumento altamente técnico e imparcial, como es la evaluación de impacto ambiental. Con esto, un organismo de desconcentración máxima y cuya independencia de criterio debe mantenerse ajena a toda influencia política, quedó bajo el ámbito del “apoyo” y “cuidado” del Ministro de Competitividad. No sorprende por ello, que proyectos como la viabilidad ambiental de Crucitas se otorgara en un periodo neto de seis semanas, mientras que proyectos de menor impacto, a veces tienen que esperar meses para obtener aprobación. Tampoco extrañará que durante casi toda esta administración se dejara de convocar a la Comisión Mixta, de amplia participación social, y asesora técnica de la SETENA, en materia de procedimientos. Y finalmente, aún menos sorprenderá por qué la SETENA durante estos últimos dos años, ha emitido nuevos procedimientos vía resolución, de manera inconsulta y arbitraria, algunos de ellos incluso ilegales.

Con dos decretos ejecutivos se modifican   sendos artículos de la Ley de Biodiversidad (LB): En su desesperación por acatar los últimos deseos  que el gobierno de EEUU exigía para “certificar” al TLC,  la administración Arias modificó en diciembre de 2008 los artículos y 78.6 y 80 de la LB.  La “interpretación” del Art. 78.6  permite  que las invenciones directamente derivadas del conocimiento tradicional de pueblos indígenas o comunidades campesinas puedan ser patentadas en claro provecho de las empresas biotecnológicas y farmacéuticas. La modificación al Art. 80  elimina el carácter vinculante de la oposición fundamentada de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) contra solicitudes de patentamiento de elementos de la biodiversidad costarricense que atentaran contra  los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica.  El cambio establece ahora que el único motivo por el cual la Conagebio  puede oponerse es por incumplimiento de la Ley de Patentes.   Estos Decretos Ejecutivos no fueron consultados con nadie,  ni siquiera con los Pueblos Indígenas como lo exige el Convenio 169 de la OIT, ni con la Conagebio a la cual le reduce potestades.  Ambos decretos fueron cuestionados ante la Sala IV quien lo acogió recientemente para su estudio.

Decreto de apertura del anillo de contención: en febrero de este año, la administración prosiguió su tarea, emitiendo un decreto ejecutivo con el que se abre a la urbanización intensiva, una franja de hasta 200 metros el anillo de contención de la Gran Área Metropolitana, dejando expuestos al desarrollo urbano áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental, so pretexto de que no hay área para urbanizar dentro del anillo de contención y justificándose en la viabilidad ambiental del PRUGAM. No obstante, se quieren urbanizar nuevas áreas de alta fragilidad y poner en riesgo a sus futuros habitantes, cuando dentro de la GAM existen más de 9 mil hectáreas por urbanizar y cuando hubiese sido más sencillo aprobar el Plan PRUGAM. Lo que  hay detrás de este decreto tendrá que ser debatido ante la Sala Constitucional, que ha acogido una acción de inconstitucional y suspendido su aplicación mientras se resuelve. De igual forma todavía se está en espera de explicaciones por incumplimiento a un fallo del 2008 que obliga a amojonar la zona de protección decretada en el Decreto-Ley 65 de 1888 (que declaró inalienable una buena parte de las montañas del norte de Heredia y parte de Alajuela) donde hoy ya se está dando un desarrollo inmobiliario.

Para despedida: durante estas últimas semanas, se han preparado y se encuentran en elaboración una serie de decretos ejecutivos que llevan la misma línea y que, de salir, van a terminar de reforzar la negativa imagen ambiental de la actual administración Arias Sánchez. Decretos como el de Paisaje, el de las torres de comunicaciones o el que pretende cambiar la metodología de introducción de la variable ambiental en los planes reguladores, pese a que hay más de 50 municipios que lo han utilizado o lo están utilizando, son solo algunos desaciertos más que está promoviendo de manera urgente el Poder Ejecutivo. También, se presiona a sus diputados salientes para que antes del 8 de mayo, aprueben a golpe de tambor la nefasta ley de marinas y la reforma a la ley de la Zona Marítimo Terrestre, que cede derechos a perpetuidad a las grandes trasnacionales del turismo internacional en nuestra zona costera, como ya lo han hecho en Papagayo.

Extraña  sobremanera escuchar al señor Presidente en su discurso de inauguración del Año Judicial advertir a todos los magistrados del país indicándoles "No sé si los miembros del Poder Judicial pierden el sueño por las inversiones que Costa Rica deja de percibir por la volatilidad de algunas de sus decisiones que afectan nuestra economía, yo sí”, cuando son decretos ejecutivos adoptados durante su administración de manera inconsulta, temeraria, "volátil" y adoleciendo de criterios técnicos,  los que han generado la situación actual: todos, sin excepción, terminan en los estrados de la máxima instancia judicial, llamada a contener esta arremetida inaudita contra la naturaleza sufrida en estos cuatro años.

En resumen, podemos decir sin temor a equivocarnos que en materia ambiental, para la administración Arias 2006 - 2010, aplica el refrán de que “valen más los hechos que las palabras”. En este caso, algunos de los hechos aquí expuestos, entre muchos otros, valen mucho más que las lindas palabras de los discursos presidenciales sobre “Paz con la Naturaleza”.

Llamado Urgente por el País

Federación Costarricense de Organizaciones Ambientalistas (FECON)

Asociación Pro – Mejoras de Tamarindo

Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba  (COECOCEIBA)

Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA)

Coope – SoliDar R.L.

Asociación de Ecología Social (AESO)

Oilwatch Costa Rica

Confraternidad Guanacasteca

Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)

Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)

Fundación Opinión Ambiental

Justicia para la Naturaleza

Comité  Bandera Azul Ecológica de San Miguel

Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia

Bosques Nuestros

Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA)     

Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad

Asociación Terra Nostra

Asociación Ambientalista de Siquirres 

Asociación de Estudiantes de Derecho (Facultad de Derecho,UCR)

Academia Costarricense de Derecho Ambiental (A.D.A)

Asociación Proyecto Alternativos (PROAL)

Amigos del Río Pacuare.

Union por la Vida (UNOVIDA)

APREFLOFAS